Comprende
un conjunto de actividades dirigidas a atender aquellos eventos
adversos que, sin embargo, ocurren
de modo cotidiano en nuestras ciudades (accidentes de tránsito,
emergencias médicas, incendios, etc.). La gestión de emergencias se
vuelca hacia la conformación y mantenimiento de un aparato
institucional que es representado por los organismos bomberiles,
grupos de rescate, e instituciones afines que, en su conjunto,
conforman la capacidad de respuesta que tiene una comunidad para
atender todas aquellas situaciones cotidianas y no deseadas que en
ella se suscitan.
Algunos
eventos adversos extraordinarios, a los que también estamos
expuestos, se caracterizan por exceder la capacidad de respuesta de
los sistemas de gestión de emergencias, lo cual los convierte en
desastres que tienden a producir bastos y prolongados efectos en los
grupos humanos. Ante estas circunstancias excepcionales, la gestión
de emergencias no es suficiente y se hace necesaria una respuesta
coordinada y coherente que involucre activamente tanto a instituciones
no vinculadas directamente en la atención de emergencias (ejército,
transporte, sistema de salud, atención médica, universidades,
bancos, comercios, etc., etc.), como a la población en general.
La
clave para el logro de esta respuesta coordinada pareciera centrarse
en la existencia de una postura social e institucional en la que el
conocimiento de las amenazas, el manejo de los elementos técnicos que
nos permitan mitigar los riesgos y el nivel de preparación que nos
permita optimizar la respuesta a la hora de un desastre, se conformen
en parte de nuestra cultura,
y este objetivo amerita la existencia de programas permanentes
orientados tanto a conocer y divulgar los escenarios de riesgo a que
estamos expuestos, como a formar a las personas e instituciones para
que aprendan a convivir con los mismos.
Las
fuentes de la vulnerabilidad se asocian a la existencia de prácticas
de urbanización, producción, consumo, vivienda, políticas de
desarrollos, etc., divorciadas del contexto ambiental e ignorantes del
riesgo que las mismas implican. Sin embargo, antes de descargar toda
la responsabilidad del riesgo en el individuo que construye en un
terreno precario, una casa precaria, es necesario considerar una serie
de circunstancias económicas, sociales, culturales, idiosincrásicas,
educativas, etc. que aparecen en el marco del modelo de desarrollo que
nos caracteriza y que, de distintos modos, propician la existencia de
estas prácticas.
¿Cómo
hacer para que un individuo no ejecute acciones que incrementen su
nivel de vulnerabilidad?, ¿Cómo hacer para que no habite en el
rancho que esta a punto de colapsar y se vaya a vivir en una zona más
segura?. Las respuestas a estas interrogantes son complejas. Lo mas
probable es que ese ciudadano habite en tales circunstancias por
carecer de los medios o educación que le permitan acceder a una
fuente de trabajo y a una vida mas digna en un lugar más seguro.
Todas
estas carencias son también vulnerabilidades, pero son
vulnerabilidades difíciles de cambiar en el corto y mediano plazo y
que, en caso de poder ser intervenidas, competirían a ámbitos que
están totalmente fuera del alcance de una organización nacional o
regional destinada a la gestión de los desastres.
Las
vulnerabilidades a que nos referimos ameritan eliminar la pobreza,
acabar con la marginalidad, elevar el nivel educativo de la población,
invertir el proceso de migración urbana, etc., labores que sin duda
harán a nuestra sociedad mucho mas segura en el futuro, pero que por
ahora parecieran conformar valores en nuestra ecuación del riesgo,
que estamos forzados a asumir como constantes restrictivas.
La
importancia de entender estos tres modos de gestión del riesgo es
fundamental a la hora de invertir esfuerzos en programas destinados a
reducir el impacto de los desastres en nuestras sociedades. El punto
critico está que dentro del marco de la gestión de riesgos existe un
número casi ilimitado de propuesta de intervención justificable
desde algún punto de vista particular como un elemento que redundara,
en la disminución de los niveles de vulnerabilidad.
A
fin de acotar el problema, creemos fundamental entender que la
prioridad de una política dirigida a reducir los efectos de los
desastres debe estar primordialmente orientada hacia lo que definimos
como GESTIÓN DE DESASTRES. La compra de ambulancias, equipos de
rescate, hospitales de campaña, etc., aún cuando mejoran las
capacidades locales de respuesta, constituyen acciones que refuerzan
la GESTIÓN DE EMERGENCIAS y obvian la gestión de desastres como
problema central; por otra parte, el desarrollo de actividades
destinadas a consolidar una adecuada gestión
de sociedad de riesgos, aun cuando consideramos que es la
solución de fondo para el problema, no es una vía que permite
resultados a corto ni mediano plazo y, por otro lado, es un ámbito
que se escapa al de una política de reducción de desastres y pasa al
ámbito de lo que somos como país.
