Pautas para la implementación

Sin desconocer la importancia del manejo de las emergencias, se pretende la relevancia de los procesos de gestión de riesgos hacia medidas de prevención y mitigación, fortaleciendo tecnológicamente al mismo tiempo, las instituciones del Estado responsables de dicha gestión.

Propiciar un programa que permita romper el paradigma predominante en el sector científico tecnológico que ha estimulado el desarrollo de visiones tecnicistas y no integrales de la problemática del riesgo, y que exija, además de generar el conocimiento, prestar igual atención a la aplicación, uso práctico y/o implementación de las recomendaciones que se derivan de este conocimiento. En este sentido se deben buscar alternativas que nos permitan implementar soluciones factibles y eficientes de acuerdo a las capacidades del país, y que estimulen, en la medida de las posibilidades, la participación de las comunidades afectadas y de los actos públicos involucrados.

Salvo casos excepcionales, todo estudio que se emprenda en el marco del programa debe generar un producto que propicie, facilite y respalde la toma de decisiones de carácter político

Es indispensable la incorporación del componente social en las investigaciones que se respalden, particularmente, de la vulnerabilidad social (humana) como una variable esencial en la estimación y zonificación del riesgo. Niveles de pobreza y educación, de información previa sobre amenazas, número y cobertura de programas de autoprotección ciudadana, etc. deben ser “capas” obligatorias de los sistemas de información geográfica que zonifiquen vulnerabilidades y riesgos urbanos.

Se debe favorecer el desarrollo de aquellas propuestas donde se destaque el enfoque integral y multidisciplinario en el abordaje de los temas de investigación y desarrollo. En particular, dada la naturaleza del área temática del programa, es necesario fomentar el desarrollo de grupos de investigación y desarrollo tecnológico con actores no tradicionales en la investigación nacional (militares, bomberos, grupos de rescate, ingeniería municipal, etc.)

.Se deben favorecer aquellas propuestas que propicien la participación y la coordinación interinstitucional y que, preferiblemente, traduzcan el interés de los distintos actores sociales e institucionales comprometidos en el cofinanciamiento de los proyectos.

Se debe reconocer al Municipio como la unidad político administrativa fundamental de gestión pública para la gestión de riesgos, de allí la necesidad de promover todos aquellos proyectos que ayuden a fortalecer estructuras locales interesadas en mejorar el desempeño de la gestión de los riesgos y el manejo de desastres en cada comunidad.

Estimular alternativas que propicien el desarrollo de una política nacional de gestión de riesgos que cuente con contribuciones de los gobiernos central y local, las instituciones académicas, los organismos responsables del manejo de emergencias y desastres, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la comunidad, especialmente en los campos de protección civil, educación, salud y medio ambiente.

Las organizaciones comunitarias deben ser reconocidas como interlocutoras válidas frente a las autoridades. La participación de los ciudadanos en la reducción de vulnerabilidades implica crear condiciones culturales y de participación política que conviertan al hábitat en un bien social y político, preservado y estimulado permanentemente por todos los ciudadanos.

Los esfuerzos a ser desarrollados en este programa de investigación y desarrollo deben ser coordinados y enmarcados en los programas de Fortalecimiento Regional que viene implementando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como con otras agendas de investigación que vienen siendo promovidas por este despacho, particularmente las viviendas y hábitat, educación y salud, que guardan estrecha relación con los objetivos trazados para este programa.

Los estudios de microzonificación de amenazas y riesgos deben ser documentos públicos, puestos a disposición de la población; en términos que la misma los pueda entender. Debe abandonarse la creencia de que estos estudios solo pueden ser manejados de manera confidencial por especialistas o funcionarios públicos.