Espacios de Acción

Normalización y homologación de procedimientos

Este primer grupo comprende una serie de propuestas orientadas a normalizar y  homologar las actividades que deben ser desarrolladas, particularmente en la fase de licitación de proyectos que se incluye en el marco de la agenda. La definición de los estándares mínimos y términos de referencia que se exigirán, se orienta hacia tres áreas de acción: el desarrollo de diagnósticos de riesgo, las evaluaciones para valorar la calidad de gestión y el desarrollo de proposiciones para la reducción de riesgos.

Desarrollo de diagnósticos:

Implica el desarrollo de esfuerzos destinados a estandarizar los requerimientos mínimos aceptables en estudios asociados a la valoración cuantitativa o cualitativa de niveles de riesgo, así como la definición de criterios destinados a normalizar algunos de los formatos utilizados a fin de facilitar el intercambio y uso de la información.  En este ámbito se propone la definición de los siguientes términos de referencia y acciones:

  • Términos de referencia para la realización de inventarios de desastres naturales y la zonificación de amenazas y riesgos

Los inventarios de amenazas y eventos catastróficos constituyen una referencia obligada dentro de un programa como el que se viene instrumentando. Actualmente se adelantan inventarios de este tipo en por lo menos FUNVISIS, ULA, UCV, MARNR, así como por varios investigadores individuales o asociados a empresas privadas. La idea es unir esfuerzos y  promover la publicación de un inventario nacional homologado con criterios (formatos, fichas, etc.) normalizados y sobre una base cartográfica estándar.

Por otra parte la zonificación de amenazas y los mapas de riesgo asociados constituyen, probablemente, el recurso más importante para la gestión de riesgos y el manejo de desastres. Entre otras instituciones, FUNVISIS, FUNDAPRIS, el CENAMB (UCV), Defensa Civil, las Alcaldías de Chacao, Baruta y Valencia, el MARNR, la OCEI, CONAVI, algunas empresas privadas e inclusive asociaciones civiles adelantan estudios de esta naturaleza sin mayor contacto entre ellas y sin haber intercambiado información sobre criterios y formatos utilizados. Se requiere por ello reunir a los expertos en la materia para definir los requerimientos mínimos aceptables para estudios de esta naturaleza y, en la medida de las posibilidades, estandarizar algunos de los formatos utilizados para facilitar el intercambio y uso de la información, de manera que cada trabajo respete algunas características básicas que permitan adosarlo a lo que debería conformarse como el mapa nacional de riesgos del país, mapa que debería, como establecimos anteriormente, estar al alcance de la población. Particular importancia tiene la necesidad de establecer estándares nacionales mínimos para estudios de sitio que puedan ser incorporados a la Norma COVENIN.

  •  Términos de referencia para la evaluación de la vulnerabilidad física de edificaciones, urbanismos e infraestructura.

La evaluación y reforzamiento de obras civiles de interés público es, probablemente, la tarea más significativa de un programa de mitigación. Igual importancia tiene el disponer de técnicas y procedimientos para la evaluación y rehabilitación post-impacto, de allí la importancia que tiene el disponer de técnicas y procedimientos confiables para el diagnóstico de los niveles de vulnerabilidad de estas obras de ingeniería. En nuestro país, a pesar de existir algunas iniciativas al respecto en la ULA (FUNDAPRIS, Ingeniería), UCV (IMME, Arquitectura), Ministerio de Educación (FEDE), CONAVI, Ministerio de Infraestructura, etc., carecemos de herramientas confiables para estimar y sobre todo cuantificar la vulnerabilidad de edificaciones, urbanismos, líneas vitales (agua, energía, telecomunicaciones, etc.) y obras de infraestructura en general.

  •  Terminos de referencia para la validación de la vulnerabilidad social y humana.

Es necesario desarrollar esfuerzos que permitan definir los modos de incluir en el trabajo de diagnóstico de riesgos, aspectos no tradicionales orientados a cuantificar elementos de vulnerabilidad que comúnmente no son considerados en la visión “fiscalista” predominante. Niveles de pobreza y educación, niveles de información y cultura preventiva frente a los riesgos, número y cobertura de programas de autoprotección ciudadana, etc. deben ser “capas” obligatorias de los sistemas de información geográfica que se desarrollen a futuro en este sentido.

  • Inventario y análisis del marco legal y normativo para la gestión de riesgos en el país.

Contempla la realización de un diagnóstico de la estructura legal para la gestión del riesgo y la reducción de desastres en el país. Este esfuerzo debe contribuir a definir pautas para mejorar, organizar y completar los instrumentos legales que regulan la gestión nacional del riesgo, a fin de consolidar políticas de gestión de gobierno en la materia.

 

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