Comprende
el establecimiento de los términos de referencia que deben regir
aquellas propuestas destinadas a valorar la vulnerabilidad institucional
de organizaciones públicas o privadas, en particular de aquellas
destinadas a labores de interés público no vinculadas directamente al
manejo de emergencias y desastres. La intención en este caso es la de
orientar las acciones que en materias de mitigación de vulnerabilidad
institucional deberían implementarse en instituciones de salud, educación,
seguridad, financiamiento, etc., y a orientar métodos de intervención
tendientes a mejorar en
cada caso las capacidades de autogestión de riesgos y prevención,
mitigación y preparación en casos de desastres.
